Ana Cal Estrela -/- La nula incidencia del COVID-19 en la concesión de libertades provisionaless críticas cada vez mayores a la gestión de la crisis ha llevado a diversos colectivos y particulares a plantear acciones penales contra diversos responsables políticos por entender que existe una relación entre su mala praxis y la expansión del virus.
“El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos” dijo una vez Dostoyevski, uno de los escritores más brillantes de toda la historia de la literatura, quién además experimentó en sus propias carnes un periodo de encarcelación. Hoy vengo pues a alzar la voz por aquellos que no la tienen, o más bien, por aquellos a los que rara vez se les concede la oportunidad de hablar, o peor aún, de ser escuchados. Me refiero a las personas que habitan las cárceles, aquel lugar dónde toda incomodidad tiene su asiento y dónde todo triste ruido hace su habitación.
Ante la situación provocada por el COVID-19, emerge con más fuerza lo que todos ya sabemos: los presos son los grandes olvidados de la sociedad. Al comienzo de esta crisis sanitaria, me vino como abogada un pensamiento optimista a la mente, y era en relación con los internos en situación de prisión provisional: “con el COVID-19, muchos internos en situación de prisión provisional y con circunstancias personales favorables serán puestos en libertad”, me dije. La línea que separa el optimismo de la ingenuidad es a veces muy delgada. Este es un claro ejemplo.
Cualquiera sabe que la causa más empleada para adoptar y mantener la prisión provisional es el “riesgo de fuga”. Tres palabras bastan para denegar una petición de libertad. Es el infalible comodín que posee la justicia a su disposición. Ante esas tres imponentes palabras, prácticamente todo lo demás queda eclipsado. No encontrarán ustedes denegación de libertad provisional en la que el juez no mencione que no procede acordarla por existir riesgo de fuga. Pues bien, yo me pregunto ahora ¿qué pasaría si dejase de existir el tan poderoso riesgo de fuga? Y me lo pregunto por una sencilla razón. No cabe duda de que la actual limitación de la libertad de circulación de personas contemplada en el Real Decreto 463/2020 y el cierre de fronteras, enervaría de forma muy importante la posible fuga del preso preventivo, toda vez que, además de estar restringida su circulación, existen numerosos controles policiales y otros sistemas como localización de teléfonos, drones etc. Y no sólo eso, sino que existen sobrados medios telemáticos o electrónicos como la colación de pulseras y medios de localización, para asegurar la no sustracción a la justicia dentro de nuestro propio país.
¿Dónde queda entonces la efectividad del argumento del riesgo de fuga? En algún lugar contiguo, aguardando sin duda a volver a renacer para emerger con toda su fuerza. Pero ese momento habrá de esperar, pues actualmente el riesgo de fuga ha quedado desprovisto de su tradicional eficacia. No obstante, en ocasiones la arbitrariedad y el automatismo son rey y reina en nuestro sistema. Peligrosa pareja, y más tratándose de un derecho fundamental como lo es la libertad del ser humano. Ese automatismo viene referido a que, una vez más para mi sorpresa, el riesgo de fuga sigue siendo el motivo aducido por los Tribunales para denegar la totalidad de libertades provisionales, aún en la situación del COVID-19. Lo arbitrario no es sólo funesto cuando se utiliza para el crimen. Empleado contra el crimen, también es peligroso.
A ningún juez parece importar que la situación de confinamiento en las prisiones esté llevando a situaciones insostenibles desde el punto de vista de los Derechos Humanos. A ningún fiscal parece preocuparle que, en la cárcel de Picassent, una cárcel excesivamente masificada, ya haya numerosos casos sospechosos de coronavirus. A ningún político parece importarle que, en las cárceles, por el hacinamiento tan brutal que existe, sea imposible tomar las medidas de prevención necesarias, y los presos no estén recibiendo una mínima asistencia sanitaria. La masiva oleada de denegación de libertades provisionales anda sobraba de inhumanidad, a los presos se les están negando unos derechos que contempla la ley y que como seres humanos les corresponden. Me viene por ejemplo a la cabeza un cliente que necesita desde hace semanas ser tratado por una gran inflamación en la rodilla y un problema dental, pero parece que ser preso provisional combinado con la crisis del COVID-19 es incompatible con recibir una mínima asistencia sanitaria, con el desgaste físico y psicológico que ello conlleva.
La situación de un preso provisional variaría de estar confinado en la cárcel a estarlo en su domicilio. Con la situación actual, su huida del país sería muy improbable. Tampoco serían escenarios tan diferentes. ¿O sí? Lo cierto es que ese cambio implicaría mucho más que poder estar en su hogar, con su familia. Ese cambio sencillamente llevaría intrínseca la devolución de los derechos que como ser humano le corresponden, y que la cárcel en combinación con el COVID-19 le han arrebatado. Algunos pensarán ¡qué exageración!, pero ese pensamiento es peligroso. Es claro que debe valorarse en cada caso el presunto delito cometido, así como la concurrencia de circunstancias favorables para la excarcelación. No obstante, todos sabemos que, en situación normal, los medios higiénicos y sanitarios no abundan precisamente en las cárceles. Lo alarmante viene cuando a raíz de esta crisis sanitaria, los pocos derechos que tenían los internos se ven prácticamente anulados. Pensémoslo así: ¿Realmente a una persona que no está en deuda con la sociedad, pues recordemos aún no ha sido juzgada, se le arrebatan las visitas de su familia durante meses (no teniendo la inmensa mayoría de cárceles medios para habilitar las comunicaciones por videollamadas), se le priva de recibir asistencia sanitaria médica eficiente, se le confina doblemente haciendo que pase los meses en una celda en la que apenas puede moverse, y se le condena a la incertidumbre de no saber qué destino le esperará si el COVID-19 empieza a propagarse dentro de la prisión y hemos de resignarnos como pidió nuestro Ministro del Interior? Quizás a nuestros políticos se les olvida que antes que presos, son personas y tal vez ignoren que son multitud de países democráticos los que han optado por medidas de excarcelación, tal y como recomendó la ONU.
El escenario se prevé complicado. Pero no nos quedemos de brazos cruzados y sigamos luchando por los derechos de nuestros internos. Son multitud de ocasiones en la historia de la humanidad en los que la prisión ha sacado a la luz situaciones injustas, de ahí que en estas líneas se encuentren escondidas algunas citas de experiencias reales que a algunos genios de la literatura les tocó vivir. Muchos de ustedes sabrán reconocerlas. Aprovechemos la ocasión que nos brinda esta desgracia para sacar a relucir el abuso que, en nuestro país, en comparación con el resto de los estados de la Unión Europea, se hace de la prisión preventiva. La resignación no es una opción. En la historia, como en la vida del hombre, el lamentarse no devuelve una ocasión perdida. En miles de años no se repone lo que se pierde en una sola hora.
Ana Cal Estrela
BEZETA abogados