Los procedimientos administrativos-sancionadores deben respetar los mismos derechos y garantías que le corresponden a quienes están siendo investigados por la presunta comisión de un delito, principalmente, la presunción de inocencia. Y en más ocasiones de las que debería, la administración infringe dicha obligación.
Por otro lado, el conjunto de las administraciones públicas deben responder cuando, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, sea este normal o anormal, se produce un resultado lesivo para una o varias personas, ya sean físicas o jurídicas, que no tuvieran la obligación de soportar.
En Zapata Boluda Abogados tenemos profesionales especialistas en la defensa de las personas o empresas que se han visto afectadas por un procedimiento sancionador o que han sufrido un perjuicio como consecuencia de la actuación de la administración. Por ello, si usted o algún familiar o amigo se encuentra en dicha situación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
