Vicente Boluda, abogado: «El modelo Bolaños ha colapsado más a la Justicia»
La ineficiencia de la administración pública vuelve a estar en el centro del debate, tanto en los tribunales como en las aulas y en las cuentas autonómicas. El abogado Vicente Boluda ha realizado una cruda radiografía de la situación institucional, lanzando una dura crítica contra la gestión del Ministerio de Justicia por el bloqueo en los juzgados, y cuestionando la viabilidad económica y estratégica de las inminentes huelgas en el sector educativo valenciano.
Para el jurista, el origen del actual tapón en los tribunales tiene nombres y apellidos. «El modelo Bolaños ha conseguido retrasar la litigiosidad e impedir que el ciudadano medio pueda acceder a ella», ha sentenciado Boluda, advirtiendo de que esta situación «genera una no iniciación de los procedimientos» por pura desesperación ciudadana.
Gran parte de este caos se debe a una digitalización fallida. «Se ha implementado un nuevo sistema informático y los operadores jurídicos señalan que ha conseguido completamente lo contrario, retrasar todas las operaciones porque es mucho más complejo», ha revelado el abogado. Este atasco burocrático choca frontalmente con la urgencia que exige la calle: «El ciudadanos medio busca celeridad y afecta a la jurisdicción penal». Como prueba del colapso, Boluda denuncia que «en muchos juzgados hay informes paralizados en cajones donde además muchos funcionarios no han tomado posesión».
Ante esta parálisis pública, el letrado ha reivindicado la agilidad del ecosistema empresarial, asegurando que «nosotros en el sector privado estamos implementando nuevas tecnologías para sobrevivir, pero siempre vamos por delante de la administración».
Cambiando de tercio, Boluda ha analizado el actual clima de conflictividad en la enseñanza pública. Aunque reconoce que «son unas reclamaciones que tienen una base absolutamente cierta donde se deben enfocar los recursos», el abogado advierte de que «el radicalismo del discurso y de las protestas les puede quitar fuerza de negociación». En su opinión, paralizar el sistema educativo a estas alturas del calendario es un error estratégico grave, ya que «poner en riesgo los servicios mínimos en estas alturas de curso es complicado».
Más allá de las formas, el jurista cuestiona el fondo económico de las protestas, definiendo las exigencias sindicales como «posiciones maximalistas para luego intentar llegar a un punto intermedio donde el mayor núcleo es el sueldo de los profesores». Poniendo las cifras en contexto con la precaria situación de la Generalitat, ha sido tajante: «Aumentar 500 euros por profesor con la infrafinanciación que tenemos, hablamos de un desbarajuste total».
Precisamente, esa infrafinanciación estructural ha sido el último bloque de su intervención, lanzando un claro mensaje al Ejecutivo central sobre sus últimos movimientos en materia fiscal.Respecto a los recientes parches económicos propuestos por Madrid, Boluda asume con pragmatismo que «el reparto que propone el Gobierno está claro que es mejor que lo que hay». Sin embargo, rechaza que sea la solución definitiva porque «no es proporcional a la necesidad que se tiene en esta tierra».